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  • Impugnación de la valoración de bienes en cuaderno particional

     STS 270/2004            

      

    Cuaderno particional

     

    La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Oviedo desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada al entender que la sentencia era válida.

     

    El coheredero, que no estaba de acuerdo con el fallo, interpuso recurso de casación con apoyo en los siguientes motivos: PRIMERO.- Al amparo del numeral 4 del art. 5 de la Ley 6/85, de 1 de julio, Orgánica del Poder Judicial, se denucia la infraccción que se deriva de la inaplicación del artículo 24 de nuestra Carta Magna, en cuanto consagra el derecho constitucional al proceso debido, como modalidad comprendida en el principio que prohibe en todo caso la indefensión de los litigantes. SEGUNDO.- Al amparo del inciso segundo del ordinal tercero del art. 1692 de la Ley Adjetiva Civil, se denucia la infracción por la inaplicación del art. 1088 de dicho cuerpo normativo. TERCERO.- Al amparo del ordianl cuarto del art. 1692 de la Ley de Ritos Civiles, se denucia la infracción por no aplicación del instituto de la "res iudicata" configurado en el art. 1252 del C. Civil, en cuanto la resolución recurrida ha prescrito totalmente del efecto positivo que a dicha figura es connatural, tal cual viene siendo interpretado por las sentencias que en el desarrollo argumental de este apartado se concretarán.

     

    Entiende el recurrente que la demandante promovió un juicio declarativo que el precepto mencionado solo permite que sea iniciado por la parte que hubiera mostrado su rechazo a las conclusiones del contador dirimente.

     

    El TS dice que el ahora recurrente debe tener en cuenta tres cosas:

     

    1.- Que el  ahora recurrente, tras manifestar su oposición a las operaciones del dirimente, solicitó la entrega de las operaciones divisorias, dejando transcurrir el tiempo sin presentar la correspondiente demanda, sin duda porque le favorecía el hecho de que era él quien se hallaba en posesión de los bienes hereditarios.

     

    2.- Que a pesar de esta peculiar situación el Juzgado rechazó la petición formulada por la demandada en orden a que o se fijara al recurrente un plazo para presentar su demanda o se aprobasen las operaciones particionales La Audiencia Provincial califica de inadecuada esta decisión por cuanto debiera haberse concedido al impugnante un plazo prudencial para deducir su pretensión y, en el caso de que no lo hubiera utilizado, procedería tenerlo por decaído de su derecho y dictar auto aprobando las operaciones y ordenando su protocolización. Se evitaría, de ese modo, que las mencionadas operaciones quedaran sine die inconclusas y que se prolongase la situación interina de indivisión.

     

    3.- Que, como se refleja en el segundo Fundamento de Derecho de la sentencia de primera instancia, el recurrente no solo no impugnó en cuanto al fondo la demanda, sino que ni siquiera llegó a formular reconvención y, en materia de prueba, únicamente pidió la unión a los autos del juicio de abintestato, lo que llevó al juzgador a entender que mantenía la razón de impugnación en el mismo expuesta, es decir, la supuesta inexistencia de bienes que integraran el haber partible, la cual se rechaza por el Juzgado, por no haber probado nada que permitiera destruir la presunción de ganancialidad a que se había atenido el contador dirimente.

     

     

    Por lo expuesto se entiende que la demora observada en el hoy recurrente para interponer la demanda que prevé el artículo 1088 LEC y la errónea decisión del Juzgado respecto a las facultades de que disponía para poner fin a un estado de cosas realmente improcedente, determinó que se produjera una situación anormal que sin duda sobrepasa manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, a la cual era necesario poner remedio admitiendo que fuera la parte perjudicada por la misma quien instase la aprobación en cuestión, con base -en palabras de la sentencia recurrida- en el derecho fundamental a obtener la resolución definitiva de un conflicto (art. 24 C.E.) así como en el de no permanecer indefinidamente en una situación de indivisión hereditaria, que reconoce el artículo 1051 del Código Civil.

     

    Estos derechos están por encima del infundado interés del recurrente en buscar la perpetuación de una situación inconveniente, que personalmente le favorecía, amparándose en los términos del artículo 1088 LEC que realmente no establece normas sobre legitimación y en la inhibición del Juzgador de primera instancia en cuanto a buscar una solución al problema surgido.

     

    Por lo tanto estos motivos son desestimados.

     

    En cuanto al último motivo, la solución adoptada por el Juzgado al admitir a trámite la demanda haya sido plenamente ajustada a Derecho, por cuanto constituye la medida judicial tendente a impedir la persistencia del abuso de la contraparte, a que se refiere el artículo 7.2 del Código Civil.

     

     

    Por lo tanto el TS falla que no hay motivo a casación.

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